La educación en España
Educación en España, a la cola de Europa. Tal vez la libertad sea la clave.
26-10-2010 – de Javier Restán
A pesar de las habituales interpretaciones optimistas a las que nos tiene acostumbrado el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, una y otra vez los informes de la OCDE (el último Education at a glance) y las propias estadísticas nacionales ponen al sistema educativo español ante sus graves limitaciones. Y pese al “buenismo” del que hacen gala los responsables del gobierno nacional, cunde una cierta sensación de impotencia que apenas disfraza el activismo del ministro de educación (antes Rector de la Universidad Autónoma de Madrid) Ángel Gabilondo.
Este mismo verano, Lucía Figar máxima responsable de educación en la Región de Madrid, gobernada por el Partido Popular, afirmaba en el Meeting de Rimini que “la situación pésima de la educación española es consecuencia de la visión que ha inspirado las leyes educativas de los últimos 25 años». Según Figar, esa visión “se ha corregido en otros países mientras que en España aumenta de peso».
Efectivamente, todas las leyes educativas de la democracia española después de Franco han sido leyes socialistas con una cultura subyacente común: un modelo pedagógico “comprensivo” y constructivista ligado a una gran desconfianza respecto de la idea y la práctica de la libertad de educación. Leyes con una fuerte carga ideológica, orientadas explícitamente a la transformación de la sociedad.
El resultado de esta legislación ha sido una bajada drástica de los rendimientos del sistema, una adaptación de alumnos y profesores a los mínimos exigidos, una falta de expectativa del sistema escolar respecto de las posibilidades de los niños y jóvenes. En definitiva se ha degradado el concepto mismo de aprendizaje como tarea y objetivo propio de la escuela.
Esta ideología educativa dominante ha afectado al aprendizaje de las destrezas básicas elementales que se deben adquirir en la educación primaria: leer, escribir, hacer cuentas básicas. Y en la educación secundaria ha producido una fuerte devaluación de los contenidos culturales básicos. Y esto constituye un problema verdaderamente serio para el futuro del país.
La educación española se ha contagiado de esa grave enfermedad que consiste en la dificultad para transmitir los contenidos fundamentales de la propia tradición, de la propia cultura. La ideología de las leyes educativas y de muchos profesores y maestros, manifiesta un malestar con el propio pasado, y por tanto con la transmisión de los contenidos de nuestra tradición y nuestra historia. Un ejemplo muy práctico de cómo esta tendencia sigue avanzando e incluso se ha acelerado con el gobierno de Rodríguez Zapatero, es la implantación de nuevas asignaturas como Ciencias del Mundo contemporáneo y la Educación para la ciudadanía, ambas de corto contenido académico y larga intencionalidad adoctrinadora. Y todo ello en detrimento de la transmisión sólida de la tradición literaria, filosófica, científica y religiosa española, europea y occidental.
Tal vez la libertad sea la clave
Los pactos constitucionales alcanzados en el periodo de Transición española del franquismo a la democracia, a finales de los años 70, han permitido la existencia de un sistema llamado de “conciertos educativos” a través del cual la Administración financia en su práctica totalidad a los centros de iniciativa privada que lo solicitan, sometiéndose a su vez a una normativa de escolarización, financiación y otros aspectos.
No obstante los defectos que plantea este sistema, que son muchos (excesivo control por parte del Estado, los centros están a merced de las Administraciones educativas, progresiva asimilación de este sector privado a la “cultura” funcionarial…) lo cierto es que los conciertos educativos han garantizado un amplio espacio de libertad, gozan de prestigio y gran demanda entre las familias y por tanto hace, que hoy por hoy, su estatus sea bastante incuestionable.
Actualmente las escuelas de titularidad estatal en España representan más o menos el 67 %, las escuelas privadas “concertadas” un 27 % y el 6% son escuelas privadas sin apoyo económico por parte del Estado. Pero pocas Regiones, a pesar de todo, han propiciado un verdadero crecimiento de la iniciativa social en educación desde hace 20 años. La excepción, según reconoce el propio sector educativo en varios informes, es la Comunidad de Madrid, donde la libertad de creación de centros y por tanto la pluralidad de oferta educativa se ha visto drásticamente incrementada en los últimos años.
Ni que decir tiene que las ideologías comprensivas y constructivistas a las que nos hemos referido antes han hecho mucho más daño en la enseñanza pública que en la de iniciativa social, pues en esta última ha existido siempre una flexibilidad mayor frente a los aspectos más nocivos de estas ideologías pedagógicas. Esta es sin duda una clave para la mejora de la escuela española en el futuro inmediato: para introducir una dinámica de cambio es necesario dotar al sistema de mayores cotas de libertad.
A falta de una ley de educación que permita esta mayor libertad a nivel nacional, hay que tener en cuenta que la gestión de la Administración educativa en España está completamente descentralizada en las llamadas Comunidades Autónomas (Regiones). Tanto es así que cada vez puede hablarse menos de un “sistema español” de educación, pues las facilidades para la iniciativa privada, las políticas de evaluación, e incluso un porcentaje importante del contenido del plan de estudios (hasta un 45 % en algunos casos), dependen de la Región en donde un alumno estudie.
Es por tanto en las Regiones donde debe trabajarse para cambiar la situación educativa española. ¿En qué dirección?
En la dirección contraria a la dominante hasta ahora. Efectivamente en España se ha recorrido el camino más equivocado: nuestro sistema educativo está muy centrado en el control de los procedimientos, pero ha desatendido la evaluación de los resultados, no ha propiciado un control riguroso de los resultados ni ha exigido una mejora de los mismos. En cambio, el camino adecuado puede transcurrir en dirección contraria: una gran autonomía y libertad para los centros educativos en todos los aspectos formales, de procedimiento, organización, metodología y por supuesto ideario propio y, al mismo tiempo, un riguroso control de los resultados académicos por parte de la Administración educativa.
Así pues, este podría ser el programa de una política educativa: libertad para poner en marcha proyectos educativos propios y diferenciados, favorecer la implicación de las familias, una amplia autonomía de los centros educativos, un plan de estudios básico con estándares académicos más altos y un sistema de evaluación general con resultados públicos. Estas pueden ser las claves para la mejora global del sistema educativo español, y seguramente no sólo para el español. Eso sí, se necesita valentía.
Fuente: http://www.vanthuanobservatory.org